Una iniciativa ciudadana busca reducir los requisitos para las candidaturas independientes en Baja California Sur, con el objetivo de facilitar el acceso de la ciudadanía a cargos de elección popular. La propuesta fue presentada el pasado 22 de abril por la Lic. María Eugenia Alquiciras Rojas ante la Oficialía Mayor del Congreso del Estado.

El planteamiento propone reformar la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para sustituir el actual esquema de porcentajes de apoyo ciudadano por cifras fijas más accesibles. De aprobarse, se requerirían 500 firmas para la gubernatura, 200 para diputaciones y 250 para ayuntamientos.

Actualmente, la legislación exige entre 1,5% y 3% de la lista nominal, lo que en la práctica equivale a miles de firmas. De acuerdo con la exposición de motivos, este requisito representa una barrera que limita la participación ciudadana y favorece a quienes cuentan con mayores recursos económicos y estructuras organizativas.

La iniciativa se sustenta en el principio de progresividad de los derechos humanos, establecido en el artículo 1º constitucional, así como en criterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que han advertido que los requisitos excesivos pueden volver "nugatorio" el derecho a ser votado.

Además, el documento señala que las obligaciones administrativas y de fiscalización han incrementado la complejidad del proceso para los aspirantes independientes. Entre estas se encuentran la constitución de una asociación civil, la apertura de cuentas bancarias y la presentación de reportes financieros en tiempo real desde la etapa de recolección de apoyos.

En este contexto, la promovente advierte la existencia de una "doble barrera": por un lado, la carga administrativa y técnica impuesta por la fiscalización; y por otro, la exigencia logística de reunir miles de firmas en un estado con características geográficas dispersas como Baja California Sur.

La propuesta será presentada ante el pleno del Congreso este martes 28 de abril y, de avanzar, podría impactar el sistema electoral local. Sus impulsores consideran que la medida permitiría una mayor pluralidad política y fortalecería la participación ciudadana en un contexto de desconfianza hacia las instituciones electorales.